Priorizar el derecho a la Educación, una estrategia global para el mundo post-COVID-19

La pandemia de la COVID-19 ha provocado perturbaciones e incertidumbres sociales y económicas sin precedentes, que ha puesto al descubierto la fragilidad y la interdependencia del mundo y ha puesto en peligro los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la educación. En el pico de la pandemia en abril de 2020, 1.600 millones de estudiantes en 190 países se vieron perjudicados por el cierre de escuelas. De acuerdo con Unesco, un año después de la crisis sanitaria mundial, casi mil millones de estudiantes todavía se ven afectados por el cierre total o parcial de escuelas en 100 países. 

Además de las interrupciones del aprendizaje, el cierre de escuelas conllevó altos costos sociales y económicos para las personas en todas las comunidades, afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables y marginados. Esto incluyó la mala nutrición debido a la interrupción de las comidas escolares, de las que dependen hasta 370 millones de niños y jóvenes para una alimentación y nutrición saludables. Por otra parte, el aumento de la exposición a la violencia y la explotación durante los cierres prolongados de escuelas y los encierros amenaza los avances logrados con tanto esfuerzo en el campo de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

El bienestar social y emocional, así como la salud mental tanto de los educadores como del personal educativo también se ha identificado como un área de preocupación debido al aislamiento social y la reducción de las actividades sociales, lo que resulta en importantes retrocesos en el avance del ODS4 sobre vidas saludables y bienestar. Además, se calcula que unos 24 millones de niños y jóvenes desde la educación preprimaria hasta la terciaria pueden abandonar o no tener acceso a la escuela debido únicamente al impacto económico de la pandemia, lo que pone a los más marginados en mayor riesgo de quedarse atrás. Esto se suma a los 258 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no asistían a la escuela antes de la pandemia.

Con la crisis sanitaria aún en curso, el Comité Directivo ODS-E2030 de la Unesco, que vela por el cumplimiento de este objetivo global, y al que pertenece la OEI en calidad de miembro del comité regional de América Latina y el Caribe, pide a los gobiernos y las partes interesadas que cumplan los compromisos en las cinco acciones prioritarias identificadas en la declaración de la Reunión Mundial sobre la Educación 2020 (GEM 2020) realizada en octubre pasado.

1. Proteger la financiación de la educación aumentando la proporción del gasto público en educación hacia al menos un 4-6% del PIB y/o un 15-20% del gasto público; asimismo, asegurar que los paquetes nacionales de estímulo para la recuperación incluyan asignaciones para medidas de apoyo centradas en la equidad y para el desarrollo de habilidades para aumentar las oportunidades de empleo; y aumentar el volumen, la previsibilidad y la eficacia de la ayuda internacional a la educación. 
2. Reabrir de manera segura las instituciones educativas mediante una colaboración intersectorial más estrecha, fortaleciendo y restaurando el acceso a los servicios (por ejemplo, comidas escolares, salud, protección social) y asegurando que los planes de reapertura estén orientados a la equidad, tengan en cuenta las cuestiones de género, sean inclusivos, específicos y estén adecuadamente financiados. 
3. Apoyar a todo el personal docente y educativo como trabajadores de primera línea, garantizando su seguridad, bienestar y condiciones de trabajo dignas; consultar a sus representantes en la toma de decisiones; y proporcionándoles desarrollo profesional urgente, incluidas habilidades digitales y pedagógicas para una educación de calidad centrada en el alumno. 
4. Invertir en el desarrollo de habilidades, incluido el aprendizaje y el bienestar social y emocional, para la recuperación inclusiva, el trabajo decente y la mejora de la empleabilidad y el desarrollo sostenible a través de oportunidades de reciclaje y mejora para todos los jóvenes y adultos que han perdido o están en riesgo de perdiendo sus trabajos. 
5. Reducir la brecha digital en la educación, desarrollar recursos educativos abiertos de calidad y construir bienes comunes digitales como complemento del aprendizaje presencial, con miras a permitir un aprendizaje inclusivo y equitativo apoyado por la tecnología.