¿Por qué es importante la reapertura de escuelas?

Ha pasado un año desde que los 4.4 millones de niñas, niños y adolescentes en Ecuador han enfrentado un encierro obligatorio, como parte de las medidas tomadas debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. En este tiempo, se ha evidenciado que las consecuencias del cierre de las escuelas tienen un gran impacto en su bienestar. Está comprobado que existen menos probabilidades de contagio y transmisión entre las niñas y niños menores de 10 años y, la evidencia científica[1], muestra que no existe una relación directa entre el cierre o apertura de las escuelas y las tasas de contagio de COVID-19 en la comunidad.

¿Por qué decimos que mantener cerrados los centros infantiles, escuelas y colegios es de gran impacto para los niños, niñas y adolescentes? Lo decimos porque se han visto inmersos en una dinámica educativa que, según expresan ellas y ellos mismos, les agota ya que parecería que las tareas escolares se han convertido sino en el único, en el principal mecanismo de enseñanza–aprendizaje; además sienten que están aprendiendo menos, según lo afirman 6 de cada 10 estudiantes. Esto se expresa en que, 1 de cada 6, dice no tener motivación para estudiar por las situaciones complejas que ahora enfrentan[2].

Miles de niñas, niños y adolescentes han quedado excluidos y sin posibilidad de estudiar por la falta de internet o dispositivos electrónicos. Según refieren las y los docentes, el 71% de estudiantes tiene mala conectividad y el 19% comparte el celular o sus equipos con otros miembros de su familia².

Los datos recientes reflejan que, a pesar de haber estado matriculados, al menos 90.000 estudiantes no han podido continuar con su educación. Un 15% dice no haber tenido contacto con sus docentes en las últimas dos semanas, lo que aumenta el riesgo de abandonar el sistema educativo².

 El impacto de no asistir presencialmente a la escuela va más allá del aprendizaje. Para muchas niñas, niños y adolescentes, el complemento nutricional que entregaban en los centros infantiles y escuelas era fundamental por ser el alimento más importante de su dieta diaria.

El efecto negativo en el bienestar de niñas, niños y adolescentes tiene su rostro más cruel en la situación de violencia que muchos enfrentan en su vida cotidiana: del 17 de marzo al 12 de julio de 2020, se registraron 174 casos de maltrato a niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. El 95% fueron en el entorno familiar y, de los cuales, el 81% de los perpetradores son los progenitores[3]. Resulta alarmante que, al menos 11 niñas y 8 niños fueron asesinados, en lo que va de la pandemia. Lo más preocupante es que estos asesinatos fueron cometidos por sus progenitores y/o por las parejas de estos[4].

Durante el confinamiento, alejados de las aulas, sin contacto directo con amigos de su edad, la salud mental de los niños, niñas y adolescentes también se ha visto afectada: 4 de cada 10 adolescentes afirman haberse sentido angustiados o muy tensionados dentro de casa². Se han registrado 192 casos de abandono voluntario del hogar, de los cuales el 70% serían niñas, niños y adolescentes[5].

La suspensión de las clases presenciales ha afectado también al núcleo familiar, dado que en la mayoría de los casos los progenitores o las personas encargadas del cuidado nos hemos visto sobrepasados por la carga de trabajo y muchas veces sin las herramientas efectivas para acompañarles en el proceso de aprendizaje. Esto ha afectado sobre todo a las madres quienes, en su mayoría, asumen el cuidado y ahora la educación. Volver a las escuelas permitirá a las madres y a los padres reactivarse económicamente y concentrarse en el trabajo.

Para las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad retornar a las aulas, luego del aislamiento obligatorio, es una oportunidad para recobrar la esperanza. Garantizar su acceso a las aulas y la continuidad educativa es un deber de todas y todos.

Por estas razones, levantamos nuestra voz y alertamos sobre la compleja realidad que están enfrentado las niñas, niños y adolescentes al no poder asistir presencialmente a las escuelas.  El aprendizaje ocurre cuando estamos con los otros, en un ambiente social y colaborativo.

Es momento de que el Estado tome las decisiones políticas necesarias para garantizar un retorno seguro a las escuelas y convocar a un acuerdo en las comunidades, parroquias y cantones donde las condiciones epidemiológicas lo permitan.  Creando condiciones necesarias de bioseguridad, priorizando al grupo de docentes en los planes nacionales de vacunación, que permitan retornar a las niñas, niños y adolescentes a las aulas lo antes posible.

 Es nuestro deber, como organismos de la sociedad civil y organismos de cooperación, trabajar de manera conjunta con el Estado para despejar las dudas e inquietudes que tenemos desde la ciudadanía referidas a garantizar las condiciones de bioseguridad para las niñas, niños y adolescentes y de toda la comunidad educativa, reconociendo que hay distintas realidades en el país donde se podría iniciar un camino progresivo y voluntario de retorno presencial a clases.

La educación es uno de los derechos fundamentales del ser humano y no debe ser vulnerado. Somos actores primordiales para que esta crisis no deje un mayor impacto en la educación.

Es momento de poner la ley a favor de la vida, la salud y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en Ecuador.

Las siguientes coaliciones y organizaciones suscribimos el presente comunicado:

[1] Estudio “Educación en persona y transmisión de COVID-19: revisión de la evidencia”, UNESCO y UNICEF. Diciembre 2020.

[2] Encuesta sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes en su actual proceso educativo. UNICEF, noviembre 2020.

[3] Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).

[4] Consejo de Protección de Derechos de Quito.

[5] Dato tomado de la Agenda nacional de las niños, niños y adolescentes: “Nuestras voces, nuestras propuestas, nuestra situación”, RODDNA, COCASEN, PACTO y COMPROMISO, 2020.