La OEI junto a la agencia de noticias Servimedia y Plena Inclusión organizaron diálogo sobre educación inclusiva

España adolece de “falta de liderazgo y de ambición política” para avanzar en educación inclusiva y superar así “el suspenso” que en este terreno dictaminó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas, según se puso de manifiesto en un diálogo sobre las ‘Evidencias y propuestas para transformar la educación inclusiva’, organizado en la agencia de noticias Servimedia por Plena inclusión España y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

En el encuentro participaron la directora General de Educación de la OEI, Tamara Díaz; el director de Plena inclusión España, Enrique Galván; la directora de Programas de la Fundación ONCE, Ana Sastre; el delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia; y la directora del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (Cedid), del Real Patronato sobre Discapacidad, Carmen Márquez.

Según Galván, España debería «dar ejemplo” en cuanto a educación inclusiva a los países del espacio iberoamericano, puesto que cuenta con un desarrollo económico mayor y con una legislación avanzada.

Sin embargo, el país «suspende» en este punto, en sus palabras, y citó el dictamen del CDPD, el grupo de expertos encargado de evaluar el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. «Tenemos el diagnóstico, tenemos las herramientas necesarias y estamos lo suficientemente desarrollados desde el punto de vista económico como para superar” las deficiencias apuntadas, subrayó Galván.

Destacó que la inclusión en educación abarca la atención a los alumnos con discapacidad, inmigrantes, con diversidad sexual, etc., «un gran número de realidades a las que la escuela actual no está dando solución». Denunció que, por parte de las familias, “existe gran insatisfacción respecto al sistema actual de educación, y no porque no sepamos qué hacer”.

Gregorio Saravia coincidió en la crítica a los pocos avances en educación inclusiva y explicó que Cermi y Solcom presentaron conclusiones muy duras en este sentido durante las comparecencias ante el CDPD el pasado mes de marzo.

Tras las críticas sobre segregación en el sistema educativo que el Comité emitió en 2019, se abrió una investigación específica sobre educación para “evaluar en qué medida España se estaba poniendo las pilas”. Según los expertos de la ONU, en 2024 no se habían producido avances suficientes y “faltaban infraestructuras y recursos humanos y materiales”, indicó.

Además, el informe de Naciones Unidas considera que “la mera existencia de los centros de educación especial supone un sistema segregador”. La pervivencia de dos modelos “se aleja de lo que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece: un único sistema de educación ordinaria e inclusiva” para todos los alumnos.

La directora del Cedid se refirió por su parte a un estudio impulsado por este organismo y publicado en 2023, con recomendaciones para mejorar la inclusión de estos niños en el sistema educativo. Entre otros puntos, el trabajo destaca la relevancia de la formación del profesorado y de la colaboración entre distintos centros y servicios.

En opinión de Márquez, “la dotación de recursos resulta menos importante que otros aspectos” y, a veces, “se utiliza como elemento justificativo del panorama actual”. “No basta con tener recursos, sino que hay que emplearlos en la dirección adecuada”, recalcó.

Galván lamentó a su vez que, cuando se debatió la Lomloe, «desgraciadamente, se produjo una utilización partidista” de la polémica en torno a los centros de educación especial. “Se buscó enfrentar a familias con familias y centros con centros”, y lanzó la siguiente reflexión: «Nunca se llegará al horizonte sin dar los primeros pasos”.

También indicó que hay varios centros de educación especial que están promoviendo por sí solos experiencias muy enriquecedoras y de apertura a la comunidad, de cara a convertirse en centros de referencia, tal como prevé la Ley de educación. «Esto va de crear sinergias y de construir entre todos”.

Por otro lado, Ana Sastre apuntó a la “invisibilidad” de los niños y niñas con discapacidad como otro factor que explica el retraso de la educación inclusiva en España. A su juicio, “nuestro país tiene mucho que aprender en cuanto a participación infantil”, y destacó los tres proyectos piloto de Fundación ONCE para “conocer el bienestar de los niños y niñas con discapacidad en España”.

Asimismo, resaltó el trabajo de “los países latinoamericanos a la hora de dar voz a los niños y adolescentes en la definición de políticas” que les afectan, de la que España tiene “mucho que aprender”.

La directora general de Educación de la OEI, Tamara Díaz, apuntó también a la colaboración entre todos los países de esta comunidad en el fomento de la educación inclusiva, que el reciente acuerdo entre la OEI y Plena inclusión España pretende reforzar.

En opinión de Díaz, en Latinoamérica existen importantes barreras a la inclusión educativa de los alumnos con discapacidad, de modo que los Estados “tienen el reto” de impulsar propuestas políticas para superarlas. Este es uno de los objetivos del citado acuerdo, que “va más allá de la discapacidad”.