La piratería en la educación: ¿cómo se manifiesta este fenómeno en Iberoamérica?
Hugo Díaz, miembro del Consejo Asesor de la OEI, ha puesto el foco en cómo la piratería afecta el sector de la educación en la región en un reciente informe.
De acuerdo con el reciente número del informe de educación INIDEN, la piratería de recursos didácticos impresos y digitales sigue siendo una alternativa frecuente para muchas familias en Iberoamérica que buscan reducir costos al empezar la temporada escolar, sin considerar las consecuencias legales y económicas de esta práctica.
El experto en educación, Hugo Díaz, miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), ha puesto su mirada en el análisis de la piratería en el sector educativo, uno de los fenómenos más frecuentes en los primeros meses del año lectivo en la región. Según el experto, en Iberoamérica, la piratería se manifiesta en diversas formas, como la reproducción ilegal de libros, la descarga de materiales digitales sin autorización y la distribución de textos copiados por docentes o comerciantes informales. De hecho, según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC), “la digitalización ha facilitado la proliferación de contenidos ilegales en línea, aunque la copia física de libros sigue predominando”.
Uno de los principales factores que impulsan esta práctica es el alto costo de los libros y materiales educativos, así como la falta de acceso a librerías y plataformas digitales legales en zonas alejadas. Además, la falta de regulación efectiva y sanciones disuasivas contribuyen a la sensación de impunidad entre quienes comercializan estos productos, señala el experto.
Pérdidas económicas y desincentivo a la innovación
Las cifras reflejan la magnitud del problema en la región iberoamericana. En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reportó que el 41% de los libros impresos y el 48% del material digital consumido en 2021, es decir, casi la mitad, eran piratas. En Colombia, la Cámara del Libro estima que el 50% de los libros pirateados corresponden a material universitario, mientras que en Chile, un libro pirata puede costar hasta tres veces menos que su versión original. En el Perú, por cada 20 soles en la venta de libros de texto, 15 van a la piratería y solo 5 a las editoriales, de acuerdo con datos recavados por el autor.
El impacto económico no solo afecta a las editoriales y autores, sino también al Estado, que pierde ingresos por concepto de tributos. Según un informe de la International Latin America Anti Piracy and Intellectual Property, la piratería de material audiovisual genera pérdidas de hasta 1,800 millones de dólares anuales en tributos en la región.
Además, la proliferación de copias ilegales afecta la motivación de los creadores para desarrollar nuevos materiales, lo que limita la innovación en recursos educativos de calidad.
Medidas y estrategias para combatir la piratería
Ante esta problemática, algunos países han implementado estrategias para reducir la piratería en el sector educativo. En países como Brasil, la comercialización y distribución de material ilegal se considera un crimen desde 2004, y en 2020 el gobierno bloqueó 65 aplicaciones y 252 sitios web de contenido pirata. En México, la Cámara Nacional de la Industria Editorial firmó un convenio con la plataforma Mercado Libre para retirar productos que infringen los derechos de autor.
Las editoriales y empresas tecnológicas también han adoptado medidas, como la gestión de derechos digitales, la creación de marcas de agua en archivos digitales y la colaboración con plataformas en línea para detectar contenido pirata. Además, han desarrollado modelos de suscripción a bibliotecas digitales, ofreciendo acceso legal a una amplia variedad de materiales a precios accesibles.
La piratería en el sector educativo es un problema complejo que requiere la colaboración del Estado, las empresas y la sociedad para ser abordado de manera efectiva. Entre las recomendaciones señaladas por Díaz, destaca la necesidad de fortalecer la regulación, mejorar la accesibilidad a materiales legales y promover una cultura de respeto por los derechos de autor. Solo así se podrá garantizar un acceso equitativo y sostenible a la educación de calidad.
