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La agenda educativa en América Latina. Una propuesta de cooperación hacia 2030

La agenda educativa en América Latina. Una propuesta de cooperación hacia 2030

El pasado 4 de abril, Tamara Díaz, directora general de Educación de la OEI, participó en la Conferencia Mundial de Alfabetización (World Literacy Summit 2023), en Oxford, Inglaterra, en la que puso sobre la mesa el estado de la educación en América Latina. En su intervención, resaltó cuatro propuestas que la OEI impulsa para afrontar la transformación educativa de la región.

Después de la pandemia se está produciendo una reflexión mundial en torno a la educación y a su necesaria transformación. Nunca ha existido mayor consenso sobre la importancia de la educación no solo como un derecho individual, sino como una herramienta colectiva para el desarrollo de las naciones. Un verdadero punto de inflexión.

En América Latina el impacto de la pandemia en el campo educativo ha sido muy fuerte, pero heterogéneo, entre países y dentro de un mismo país, dependiendo, en gran medida, de las condiciones estructurales de partida y de la fortaleza institucional de cada país. En este contexto, el cierre prolongado de las escuelas, que en muchos casos ha estado en torno a los dos años, ha agravado la situación y ha profundizado las brechas ya existentes, al tiempo que ha generado otras nuevas.

Si bien durante la pandemia la respuesta de los gobiernos, de las organizaciones multilaterales y de la sociedad civil ante esta crisis educativa ha sido rápida, los datos muestran que más del 40% de nuestros niños, niñas y jóvenes no tenían acceso a internet ni dispositivos y solo un 50% de ellos pudieron participar en alguna activad de aprendizaje durante ese período. Esto no solo representa una brecha digital, si no que a su vez genera una brecha social, económica y de futura empleabilidad.

Datos recientes del Banco Mundial hablan de un probable incremento de la “pobreza de aprendizaje” en más del 20%, lo que significa que el porcentaje de niños y niñas de 10 años incapaces de leer y comprender un relato simple podría haber crecido del 51 al 62,5%. Se prevé asimismo un aumento en las tasas de abandono escolar entre adolescentes y jóvenes, afectando especialmente a las familias con bajo nivel educativo si no se toman medidas que compensen la pérdida de clases sufrida durante este periodo.

La recuperación: ¿cómo se puede avanzar?

En el escenario actual es necesario construir una estrategia educativa post-COVID que enmarque la recuperación de la educación dentro del desarrollo, la transformación y la mejora del sistema. Por ello, tomando en consideración este escenario global se plantean cuatro ideas sobre cómo esta transformación puede tener lugar en América Latina:

  • La Agenda 2030 de Educación como espacio de oportunidad:

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas marca una hoja de ruta universal y establece un objetivo cuarto (ODS4), que ya en su formulación plantea la necesidad de garantizar una educación para todos, que sea equitativa, inclusiva y de calidad, y que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

La implementación de esta agenda educativa global en América Latina presenta una oportunidad y requerirá la construcción de un pacto educativo global. Este pacto sería coherente con el marco del nuevo contrato social para la educación que el informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación de la Unesco reconoce como necesario para reparar las injusticias y transformar el futuro.

Cuando se traslada la Agenda de Educación 2030 al contexto latinoamericano, se encuentra un espacio particularmente propicio para adaptar estas conclusiones y recomendaciones, aprovechando las capacidades institucionales existentes y sus prácticas avanzadas en el campo de la cooperación educativa (multilateral, horizontal, Sur-Sur, etc.). Lo que se necesita ahora es saber qué iniciativas se están llevando a cabo, compartir conocimientos y experiencias exitosas, y movilizar la acción; asimismo, instar a los países a comprometerse con la recuperación de la educación a través de la inversión y la promoción de acciones claras y bien definidas.

  • En segundo lugar, trabajar desde la política pública para definir prioridades, orientar las acciones y coordinar los esfuerzos:

La educación es un bien público y, como tal, los gobiernos deben ser los principales garantes del derecho a la educación. Esto supone que, desde las administraciones públicas, deben garantizarse las condiciones necesarias para que la comunidad educativa desarrolle sus funciones en cualquier circunstancia y para todos.

Necesitamos fortalecer la responsabilidad política para transformar y financiar la educación y, al mismo tiempo, traducir las declaraciones políticas en una transformación real del sistema. La respuesta a la pandemia de COVID-19 ha demostrado que es posible una acción rápida a escala mundial, liderada por los gobiernos. La crisis ha demostrado que donde hay voluntad política, hay un camino.

  • Como tercera propuesta, fortalecer la gobernanza y el liderazgo educativo:

La gobernanza y el liderazgo educativo son ejes centrales para avanzar en  la  construcción de un nuevo  modelo educativo, que fomente la inclusión como el eje central, y con una clara orientación social. Se trata de promover aquellas acciones que se orientan a tener instituciones más sólidas, con mayor autonomía y más capacidad para responder a las demandas de un contexto en constante cambio.

  • Finalmente, construir estrategias intersectoriales, sistémicas y contextualizadas: este es un momento importante para la colaboración, el trabajo interinstitucional y la creación de asociaciones.

Es hora de poner en práctica lo establecido en el ODS 17 vinculado a la promoción de alianzas para el logro de la agenda de desarrollo sostenible: promover vínculos entre sectores y actores y fomentar el desarrollo de acuerdos público-privados. La realidad actual llama a avanzar hacia estrategias colaborativas de acción. Y, en este escenario, la estrecha cooperación es un instrumento extremadamente útil. Se trata de promover un tipo de cooperación más orientada a promover el diálogo político, basado en el fortalecimiento de capacidades e instituciones, y que lleve a repensar prácticas y modelos, en un momento en que se necesita más que nunca.